COLUMNA: Alma Máter

Paro de la Contu, visión presidencial

Por Mario Cárdenas Delgado

Enrique Levet Gorozpe, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), informó que el miércoles pasado, 24 universidades públicas se fueron a paro de labores en protesta por las restricciones presupuestarias del Gobierno federal a la educación superior, y para exigir a los diputados federales un trato digno que se refleje en el otorgamiento en más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además, que se asignen recursos extraordinarios a las universidades Autónoma de Nayarit, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma de Zacatecas, Benito Juárez de Oaxaca y de Tabasco, Guerrero, Estado de México, Sinaloa y Chiapas, porque enfrentan serios problemas financieros que afectan el cumplimiento de sus tareas y el pago oportuno a los trabajadores, al grado de que no tendrían recursos para cubrir las prestaciones de fin de año y para cerrar sus respectivos ejercicios.

Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) demanda el pago de 17 mil 230 millones de pesos para que sus agremiados puedan cumplir con compromisos de pagos de nóminas y de operación, gestión que espero fructifique, sobre todo en el caso de las que acrediten un manejo correcto del presupuesto.

Al final el paro de labores fue simbólico debido a que duró 2 horas, ya que no todos los sindicatos universitarios que integran la Contu (entre éstos el Sutuc) se sumaron, al tiempo que Enrique Levet informó que integrantes de la dirigencia “sostuvimos una negociación con funcionarios de las secretarías de Educación Pública y de Hacienda, quienes expresaron que ya tienen una ruta de solución a la solicitud de apoyo extraordinario a este grupo de universidades”.

De hecho, el dirigente universitario expresó sobre esto al periódico Excélsior que “hay un diálogo “abierto y franco con las autoridades sobre la problemática financiera de las universidades estatales, por lo que confiamos en que en los próximos días se dé la liberación de fondos extraordinarios para el pago a los trabajadores (60 mil, a su decir). Yo tengo toda la confianza en que el problema que tienen las universidades para cerrar el año quede resuelto, me parece que será un tema que estará subsanado”.

Es positivo que este connato de desencuentro se resuelva por la vía del diálogo y la negociación, particularmente, reitero, en el caso de las instituciones de educación superior que administran con eficacia, pulcritud y transparencia los recursos que les otorgan la federación y los gobiernos estatales. Es correcto que el gobierno demande a las universidades mayor transparencia y eficacia en el manejo del presupuesto, que establezcan planes de austeridad y ahorro, y que muestren cero tolerancia a las prácticas corruptas.

Pero de eso a que se etiquete negativamente y castigue a todas las universidades porque algunas incurrieron en desvío de recursos y a otras prácticas corruptas, y por ese hecho les regatee recursos, media una gran distancia. El Ejecutivo federal tiene los medios para constatar cómo se invierte hasta el último centavo que les otorga y de haber desviaciones, actuar contra los responsables, pero no tomar decisiones con base en suposiciones y fobias.

Como lo hizo el presidente López Obrador, al ser cuestionado en una de sus conferencias mañaneras sobre el paro universitario, al advertir: “No se puede dar más de que lo que significa la inflación, el incremento inflacionario, y tenemos que actuar así porque tiene que haber orden administrativo. No es de que nos agrupamos y va la huelga si no nos das, esos son grupos de presión”, versión nacida, como es su costumbre, en la suposición de que tiene otros datos, en este caso erróneos porque, efectivamente, las universidades requieren más recursos para atender la creciente demanda en bachillerato, licenciatura y posgrado, realizar investigación científica y tecnológica, así como tareas de extensión, que también son importantes.

Confío en que el mandatario nacional, con los datos reales que le entreguen las Secretaría de Hacienda, Educación y Gobernación, cambie su parecer sobre las universidades, y que nuestros diputados federales hagan eco de las gestiones que realiza el gobernador José Ignacio Peralta y el Rector José Eduardo Hernández Nava, para que el Gobierno de México siga apoyando presupuestalmente a la Universidad de Colima, porque esto es fundamental para el cumplimento de las metas establecidas en el Plan Institucional de Desarrollo y para que siga respondiendo a la sociedad colimense con la calidad, eficiencia, pertinencia y sentido social que lo ha hecho en sus casi 80 años de existencia. Hay constancia de ello.

apuntesmario@hotmail.com 

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